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El debate – que no el amor – está en el aire, ¿Hay que suprimir las diputaciones?

Algunos argumentos a favor:

1. Ahorro de mil millones de euros anuales.

2. Eliminar organismos con duplicidad de funciones.

3. Abolir un sistema de gestión ineficiente de recursos.

Algunos argumentos en contra:

1. Realiza funciones que ayuntamientos pequeños no pueden asumir.

2. Supondría despedir a decenas de miles de trabajadores.

Tengo un par de anécdotas relacionadas con las diputaciones y la eficacia y diligencia con la que ALGUNOS de sus trabajadores desempeñan su función.

Anécdota 1: Paseando por un pueblo de una provincia andaluza con un amigo, éste me señaló a un señor vestido con pantalón corto de deporte, que acarreaba bolsas de la compra y me dijo: «Mira, ese es el vigilante de la Diputación». «¿Hoy no trabaja?» le pregunté. Mi amigo se volvió hacia mí, me sonrió paternalmente como si mi pregunta hubiera sido formulada por un idiota – me sentí idiota, desde luego – y me contestó «Sí, fíjate que lleva el walkie-talkie en el bolsillo. Si le llaman, va a su casa, se viste, coge el coche y se acerca al trabajo».

Anécdota 2: Trabajaba yo en una oficina situada en un vivero de empresas localizado en un complejo de la Diputación de otra provincia española y cierto día se estropeó el aire acondicionado – 40 y pico grados a la sombra en Agosto – y acudimos a un trabajador de mantenimiento de la Diputación. El buen señor, llegó, colocó una escalera y armado con un destornillador abrió la carcasa de la máquina, miró en el interior, puso cara de circunstancias, suspiró, dijo «ahora vengo» y se fue. Una semana después – una semana a cuarenta y pico grados a la sombra – volvió, cogió la escalera, el destornillador, dejó la tapadera colgando y se marchó diciendo «tiene que arreglarlo el servicio técnico».

¿Podemos colegir a partir de mi experiencia que todos los trabajadores de las diputaciones actúan así? Desde luego que no, sin embargo me pregunto ¿No es posible crear mecanismos de control que eviten estos abusos? ¿Es asumible una masa de trabajadores no productivos que nos cuestan dinero a todos?

Un compañero mío me comentó que en cierto hospital público decidieron implantar un sistema de retribución variable en función de la productividad y que debido a lo polémico que resultaba la determinación de la misma, se contrató a un gestor oriundo de otra comunidad autónoma para que fuera imparcial y no se dejara influir por las presiones. ¿Esto es normal? ¿Debemos renunciar a sorprendernos ante estas tropelías?

Lo más triste es que el comentario generalizado es «ojalá me sacara unas oposiciones para vivir del cuento». Como diría el gran Miguel Ángel Aguilar «¿Pero qué broma es esta?».

Estamos extendiendo la falsa idea de que lo público significa gasto sin control, abusos laborales, bajas médicas sin justificar, nula productividad…

La función pública requiere de funcionarios, es decir, trabajadores que acceden a sus plazas por oposición, que es un sistema – en teoría – aséptico y apolítico que garantiza que estos puestos son cubiertos por personas que desempeñan sus trabajos de manera independiente. Esa es la teoría. Pero cuando la idea de independencia se confunde con hacer lo que se quiera – o no hacer – sin consecuencia alguna, el invento se desmadra.

En el equilibrio esta la virtud ¿Qué tal si planteamos una reforma en profundidad? Funcionarios que puedan ser despedidos o premiados en función de su rendimiento y mecanismos objetivos de medida de esa productividad. La fórmula «café para todos» a la hora de repartir los pluses por productividad no funciona, solo sirve para desmotivar al trabajador eficiente y responsable que cobra lo mismo que el vago y, para colmo, se mete en más líos.

Es imprescindible un sistema público que garantice los servicios esenciales, pero lo que está claro es que ha de ser eficiente y bien gestionado y, si para ello, hemos de pagar más impuestos, yo, por mi parte, me declaro dispuesto a hacerlo.

No rompamos la hucha, por favor.